Desapariciones de menores en Santo Domingo: El caso de la Autopista Duarte y la fragilidad del entorno juvenil



La tarde de este martes, una noticia trajo alivio a los residentes del kilómetro 14 de la Autopista Duarte, pero al mismo tiempo reabrió un debate profundo sobre la seguridad y los protocolos de protección a la infancia en la República Dominicana. La Dirección Central de Investigaciones (DICRIM), a través de su Departamento Operativo II de Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó la localización, sana y salva, de una adolescente de 13 años que se encontraba ausente desde el pasado 6 de febrero de 2026.

Si bien el desenlace de esta historia es positivo, el caso arroja luces y sombras sobre una problemática que parece recrudecerse en los centros urbanos: la desaparición de menores de edad en contextos de alta vulnerabilidad.

El operativo: Inteligencia tras el rastro de la menor

La desaparición de la adolescente, cuya identidad se mantiene bajo reserva por mandato legal para proteger sus derechos fundamentales, fue reportada por su madre hace apenas cuatro días. Según el informe oficial, la joven salió de su residencia ubicada en las inmediaciones de la Autopista Duarte sin dejar rastro claro de su destino.

La labor de localización no fue fortuita. El DICRIM desplegó una "ardua labor de inteligencia" que incluyó el rastreo de señales y la entrevista con el círculo cercano de la menor. El quiebre en la investigación ocurrió cuando los agentes lograron establecer una vía de comunicación directa con la joven. Ella misma indicó que se encontraba en el sector El Naranjo, en el municipio de San Luis.

La rápida coordinación con los familiares permitió que las autoridades se desplazaran al lugar para confirmar que la adolescente no presentaba signos de violencia ni daños físicos. Sin embargo, tras el hallazgo, tanto la menor como sus tutores fueron referidos a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este. Este paso es crucial: no basta con encontrar al menor; el Estado debe investigar qué motivó la huida para prevenir que el evento se repita o que escale a situaciones de mayor peligro.

El eco de otros casos: Un patrón preocupante

El caso de la Autopista Duarte no es un hecho aislado. En los últimos meses, el Gran Santo Domingo ha sido escenario de múltiples reportes de desapariciones que siguen un patrón similar: menores de entre 12 y 16 años que abandonan sus hogares por periodos cortos, a menudo influenciados por interacciones en redes sociales o conflictos intrafamiliares no resueltos.

Recordamos el caso ocurrido apenas el mes pasado en el sector de Invivienda, donde otra adolescente fue localizada en casa de una "amistad" conocida a través de plataformas digitales. En esa ocasión, al igual que en la actual, la presión de los medios de comunicación y la viralización del rostro de la menor en redes sociales jugaron un papel determinante para que las personas que la acompañaban decidieran colaborar con las autoridades.

Expertos en psicología infantil señalan que el tramo de la Autopista Duarte y zonas periféricas como San Luis presentan retos geográficos y sociales particulares. La alta densidad poblacional y la fluidez del transporte facilitan el desplazamiento rápido de menores sin supervisión, lo que aumenta el riesgo de que sean captados por redes delictivas o que sufran accidentes.

La importancia de la difusión responsable y el rol de las autoridades

La eficiencia del DICRIM en este operativo resalta la importancia de la denuncia inmediata. En la República Dominicana, el mito de que "hay que esperar 24 o 48 horas para reportar una desaparición" ha sido desmentido por las propias autoridades. Las primeras horas son vitales para el éxito de la búsqueda.

El uso de las redes sociales ha demostrado ser un arma de doble filo. Si bien ayudan a que la fotografía del desaparecido llegue a miles de ojos en segundos, también exponen a las familias a extorsiones de personas inescrupulosas que ofrecen información falsa a cambio de dinero. En el caso de la adolescente del kilómetro 14, la difusión fue manejada con cautela, permitiendo que la inteligencia policial hiciera su trabajo sin entorpecer la seguridad de la joven.

¿Qué sigue tras el hallazgo? El rol de la Fiscalía

La remitencia del caso a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este no es un mero trámite burocrático. En esta instancia, especialistas en psicología y trabajo social evalúan el entorno familiar.

¿Hubo negligencia? ¿Existe una situación de abuso o maltrato que obligó a la menor a huir? ¿Fue influenciada por un tercero mayor de edad? Estas son las preguntas que el Ministerio Público debe responder. En muchos casos similares, las investigaciones han derivado en órdenes de alejamiento o en la obligatoriedad de que la familia asista a terapias de revinculación afectiva.

Consejos de prevención para padres y tutores

En un mundo cada vez más interconectado, la seguridad de los adolescentes ya no se limita a "no hablar con extraños en la calle". El entorno digital es hoy el principal escenario de riesgo. Aquí algunas recomendaciones clave derivadas del análisis de casos recientes:

  •  Monitoreo de redes sociales: Conocer con quién interactúan los menores en plataformas como TikTok, Instagram o WhatsApp.
  •  Comunicación abierta: Fomentar un espacio de confianza donde el menor pueda expresar incomodidades sin miedo a represalias.
  •  Conocimiento del entorno: Mantener contacto con los padres de los amigos cercanos y conocer los lugares que frecuentan tras la escuela.
  •  Respuesta rápida: Ante una ausencia injustificada, contactar de inmediato a la Policía Nacional y suministrar fotos recientes y detalles de la vestimenta.

Conclusión

La localización de la adolescente en San Luis es una victoria para la seguridad ciudadana y un alivio para la sociedad dominicana. Sin embargo, nos recuerda que la protección de la infancia es una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la comunidad. El DICRIM ha cumplido con su parte operativa; ahora queda en manos de la justicia y de la red de apoyo familiar garantizar que esta joven de 13 años pueda retomar su vida académica y social en un entorno seguro.

La vigilancia no debe cesar con el hallazgo. Cada menor que regresa a casa es una oportunidad para que el sistema de protección social evalúe sus fallas y fortalezca los mecanismos que impiden que nuestros adolescentes se pierdan en la incertidumbre de las calles.

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