El asesinato de un adolescente de 14 años ha desatado una crisis social en Santo Domingo Este. Mientras el grupo Antigua Orden Dominicana exige la salida de extranjeros, el Ministerio de Interior y Policía advierte que no permitirá la justicia por mano propia.
La delgada línea entre el luto comunitario y la agitación civil se ha tensado al máximo en el sector de Los Mina, en Santo Domingo Este. Lo que comenzó como una tragedia local —el asesinato del joven Nauriel Nizael Medina Pérez, de apenas 14 años— ha escalado hasta convertirse en un pulso político entre organizaciones nacionalistas y el Gobierno dominicano.
El pasado 6 de febrero, la calma de este populoso sector se rompió tras conocerse el violento deceso del adolescente, presuntamente a manos de dos ciudadanos de nacionalidad haitiana, identificados por los familiares como "Jeffrey", de 16 años, y "Jason", de 30 años. Este suceso ha sido el catalizador para que la organización Antigua Orden Dominicana lance un desafío directo a la institucionalidad del Estado: un ultimátum de 15 días para que todos los haitianos abandonen la comunidad.
El conflicto: Entre el duelo y la soberanía estatal
Ángelo Vásquez, líder de la Antigua Orden, fue enfático durante los actos fúnebres de la víctima. Al acompañar a los familiares, anunció una manifestación que recorrerá las calles de Los Mina para culminar con la exigencia de salida voluntaria de los extranjeros. "Si ellos no pueden convivir con nosotros, tienen que salir de nuestro país", sentenció Vásquez, reflejando un sentimiento de indignación que ha encontrado eco en sectores específicos de la barriada.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Tras una reunión de Seguridad Ciudadana encabezada por el presidente Luis Abinader, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, desautorizó tajantemente cualquier llamado que usurpe las funciones del Estado.
"Los llamados los hace la autoridad y la autoridad está reflejada en el orden jurídico nacional a través de las instituciones. Nadie puede hacer un llamado en contra de absolutamente nada si no es la autoridad a través de los debidos procesos", afirmó Raful de manera categórica.
Los Mina: Un sector que se siente "en peligro"
A pesar de las advertencias legales de las autoridades, el equipo de investigación de este medio pudo constatar que el discurso de la Antigua Orden ha calado en el tejido social de Los Mina. En el sector de Katanga, el ambiente es de desconfianza y temor.
Dionisio, un comerciante con más de 25 años establecido en la zona, describe el asesinato del menor como una "masacre". Su testimonio refleja el agotamiento de una parte de la población frente a la criminalidad: "Eso fue una cosa grande, desbaratarle la cabeza a ese muchacho... yo creo que es correcto que se vayan".
Esta percepción de inseguridad es compartida por otros residentes que, bajo condición de anonimato por temor a represalias, aseguran que la convivencia se ha vuelto insostenible. El sentimiento de "invasión del espacio privado" y el miedo por la integridad de los niños son los argumentos principales de quienes apoyan el ultimátum.
El marco legal: ¿Por qué el Gobierno no puede permitir ultimátums civiles?
Desde un punto de vista jurídico, el Estado dominicano se rige por la Constitución y tratados internacionales que le otorgan el monopolio de la fuerza y la administración de la justicia. Permitir que un grupo civil dicte quién puede o no residir en un territorio basándose en su nacionalidad sentaría un precedente de "anarquía controlada".
La ministra Raful subrayó que la institucionalidad es el único camino para garantizar los derechos de todos. Si se permite que grupos particulares ejecuten deportaciones o "limpiezas" comunitarias, se vulneraría el debido proceso y la seguridad jurídica del país, lo que podría acarrear sanciones internacionales y un caos social interno.
El factor internacional: La respuesta a la CIDH
El conflicto en Los Mina ocurre en un contexto diplomático delicado. Recientemente, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las políticas migratorias de la República Dominicana.
Ante esto, Faride Raful reiteró la postura oficial: el Gobierno dominicano es soberano en su política migratoria, pero siempre bajo el respeto a los derechos humanos. "Se han duplicado los esfuerzos para subsanar cualquier situación que pueda perjudicar la integridad de un ser humano, como manda la Constitución", indicó la ministra, buscando equilibrar la firmeza migratoria con la observación internacional.
Análisis: El reto de la convivencia y la justicia
El caso de Nauriel Nizael Medina Pérez no es solo un expediente policial; es un síntoma de una fricción social profunda. La hermana de la víctima, Nisaury Rosario, ha pedido que la muerte no quede impune y que caiga sobre los responsables la "pena máxima". El reto del sistema judicial será procesar este caso con celeridad y transparencia para evitar que el vacío de justicia sea llenado por la indignación popular.
Conclusión
La República Dominicana se encuentra en una encrucijada emocional y legal. Mientras el dolor de una familia en Los Mina clama por justicia, el Estado debe navegar entre la presión de los grupos nacionalistas y sus compromisos internacionales. El próximo domingo será clave para observar si el llamado a la manifestación de la Antigua Orden se mantiene dentro de los márgenes de la ley o si la tensión social desborda la capacidad de las autoridades en Santo Domingo Este.
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