A tres meses del siniestro ocurrido la madrugada del martes 8 de abril de 2025, aún no se ha emitido un veredicto claro, firme y convincente que logre satisfacer al pueblo dominicano ni a los familiares de las víctimas. El tiempo ha pasado, pero las respuestas siguen siendo escasas, ambiguas o inexistentes. La sed de justicia que se despertó tras aquella fatídica madrugada no ha sido saciada, y la sensación de impunidad comienza a calar profundamente en una sociedad que exige verdad, responsabilidad y consecuencias. Mientras tanto, las víctimas, que en su momento ocuparon titulares y generaron una ola de indignación nacional, poco a poco van quedando relegadas al olvido colectivo.
Este hecho ha sido catalogado como una de las tragedias más devastadoras ocurridas en los últimos veinte años en la República Dominicana. No solo por la magnitud de las pérdidas humanas, sino también por el impacto emocional, social y cultural que dejó en miles de familias y en toda una nación que despertó conmocionada ante la noticia. Aquella madrugada, lo que debía ser una noche de celebración, música y alegría terminó convirtiéndose en una escena de caos, desesperación y muerte.
Durante una presentación del reconocido merenguero Rubby Pérez, ícono de la música dominicana y figura respetada dentro y fuera del país, la estructura del lugar donde se desarrollaba el evento cedió de manera repentina. El colapso tomó por sorpresa a artistas, técnicos, empleados y asistentes, quienes no tuvieron tiempo de reaccionar. El resultado fue devastador: al menos 230 personas perdieron la vida, según las últimas estadísticas ofrecidas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), además de cientos de heridos con distintos niveles de gravedad.
Las imágenes y videos que circularon en redes sociales mostraron escenas desgarradoras: personas atrapadas bajo los escombros, familiares buscando desesperadamente a sus seres queridos, rescatistas trabajando contrarreloj y hospitales desbordados ante la magnitud de la emergencia. Durante días, el país entero se mantuvo en vilo, pendiente de los reportes oficiales y con la esperanza de que aún se pudieran encontrar sobrevivientes. Sin embargo, con el paso de las horas, esa esperanza se fue transformando en luto.
A pesar de la gravedad del hecho, tres meses después persisten numerosas interrogantes sin respuesta. ¿Quiénes fueron los responsables directos e indirectos del colapso? ¿Se cumplieron las normativas de seguridad y construcción? ¿Existían inspecciones previas al evento? ¿Hubo negligencia, corrupción o simples fallas humanas que pudieron evitarse? Estas preguntas resuenan con fuerza en la opinión pública, pero no han sido abordadas con la transparencia y contundencia que la ciudadanía espera.
Los familiares de las víctimas, sumidos en un dolor profundo e irreparable, han levantado su voz en reiteradas ocasiones para exigir justicia. Muchos de ellos denuncian abandono institucional, falta de acompañamiento psicológico y una lenta respuesta del sistema judicial. Para estas familias, el duelo se ve agravado por la sensación de que la vida de sus seres queridos corre el riesgo de convertirse en una estadística más, sin que nadie rinda cuentas por lo ocurrido.
La indignación popular, que inicialmente se manifestó en vigilias, protestas y llamados a la acción, ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo. La rutina diaria, las nuevas noticias y los problemas cotidianos han desplazado la tragedia de la agenda pública. Sin embargo, para quienes perdieron a un hijo, un padre, una madre o un amigo, el dolor sigue intacto, tan vivo como aquella madrugada.
Este caso también ha puesto en evidencia debilidades estructurales en los sistemas de supervisión, seguridad y prevención de riesgos en eventos masivos en el país. La tragedia no solo dejó muertos y heridos, sino que abrió un debate necesario sobre la responsabilidad del Estado, de los organizadores de eventos y de las autoridades locales en la protección de la vida humana. Un debate que, lamentablemente, parece haberse enfriado sin llegar a conclusiones concretas.
El pueblo dominicano no pide venganza, pide justicia. Pide que se investigue con seriedad, que se identifique a los responsables y que se apliquen las sanciones correspondientes, no solo como un acto de reparación moral para las víctimas, sino también como una medida para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse. La impunidad no solo hiere a quienes perdieron a sus seres queridos, sino que debilita la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho.
A tres meses de aquella noche trágica, la memoria de las víctimas merece algo más que minutos de silencio y promesas vacías. Merece verdad, justicia y acciones concretas. Porque olvidar sería condenar al país a repetir la historia, y porque una sociedad que no honra a sus muertos con justicia es una sociedad que falla en su deber más básico: proteger la vida de su gente.
