La salud como negocio: la otra cara del sistema sanitario dominicano.
“Donde hay una necesidad, siempre habrá una oportunidad de negocio”. Esta frase, repetida con frecuencia en el mundo del emprendimiento y la economía, cobra un matiz oscuro y profundamente alarmante cuando se aplica a uno de los aspectos más sagrados del ser humano: su salud. En la República Dominicana, enfermar no solo implica enfrentar un diagnóstico médico, sino también navegar por un sistema sanitario plagado de irregularidades, abusos y prácticas que rayan en lo criminal. Un sistema donde, para muchos, la vida tiene precio y la dignidad del paciente queda relegada a un segundo plano.
Cualquier ciudadano que haya tenido que acudir a un centro de salud, ya sea público o privado, conoce de primera mano las dificultades que implica recibir atención médica adecuada. Falta de insumos, largas esperas, personal sobrecargado y, en muchos casos, un trato deshumanizado. Sin embargo, más allá de las carencias estructurales, existe un problema más profundo y peligroso: la corrupción sistemática que ha convertido la salud en un negocio lucrativo para mafias internas que operan con total impunidad.
Pacientes de escasos recursos son, sin duda, los más afectados. Personas que llegan a un hospital con la esperanza de sanar y terminan siendo víctimas de un entramado donde cada servicio, cada paso y cada decisión médica puede estar condicionada por el dinero. La asignación de una cama, por ejemplo, algo que debería responder exclusivamente a criterios clínicos, en muchos casos depende de un pago “por debajo de la mesa”. Quien no puede pagar, espera. Quien espera demasiado, se agrava. Y quien se agrava, a veces muere.
Uno de los mecanismos más denunciados es el retraso injustificado en las altas médicas. Pacientes que ya están en condiciones de abandonar el hospital permanecen internados más tiempo del necesario. ¿La razón? Facturación. Cada día adicional representa más cargos, más consumo de medicamentos y más oportunidades para que ciertos actores obtengan beneficios económicos. En este juego perverso, el bienestar del paciente importa menos que el balance financiero.
A esto se suma la práctica de realizar procedimientos innecesarios. Exámenes repetidos sin justificación médica, intervenciones dudosas y tratamientos prolongados que no siempre aportan una mejora real al estado de salud del paciente. Todo responde a una lógica clara: inflar costos y asegurar “comisiones” o “porcentajes” para determinados médicos y personal administrativo. Aunque no se puede generalizar ni acusar a todos los profesionales de la salud, es innegable que estas prácticas existen y son ampliamente conocidas dentro del sistema.
Uno de los ejemplos más indignantes y comunes es la llamada “pinta de sangre”. A pacientes que van a ser sometidos a una cirugía se les exige comprar una o varias unidades de sangre como requisito previo al procedimiento. En teoría, esta medida busca garantizar disponibilidad en caso de una emergencia. En la práctica, muchas veces esa sangre nunca se utiliza. El paciente o sus familiares pagan miles de pesos, confiando en que es una necesidad médica real, pero una vez finalizada la operación, nadie les informa qué ocurrió con la sangre ni se les devuelve el dinero.
La pregunta es inevitable: ¿qué hacen con esa sangre? Una pregunta que, tristemente, parece responderse sola. La sangre, que debería ser un recurso vital gestionado con ética y transparencia, se convierte en mercancía. Un producto que entra y sale del sistema sin control claro, alimentando un mercado oscuro donde nadie rinde cuentas. La falta de registros accesibles, de auditorías rigurosas y de sanciones ejemplares permite que este tipo de abusos continúe ocurriendo día tras día.
El impacto de estas prácticas va más allá del daño económico. Para muchas familias, reunir el dinero para pagar una cirugía, medicamentos o sangre implica endeudarse, vender pertenencias o recurrir a la solidaridad de vecinos y amigos. Cuando descubren que parte de ese sacrificio fue innecesario, la indignación se mezcla con impotencia. Pero la mayoría guarda silencio, por miedo a represalias o por la sensación de que denunciar no servirá de nada.
El sistema sanitario dominicano refleja, en muchos aspectos, los vicios de otras instituciones del Estado. La corrupción, la falta de supervisión y la normalización de prácticas ilegales han erosionado la confianza ciudadana. Cuando la salud se ve afectada por estos males, las consecuencias son aún más graves, porque están directamente relacionadas con la vida y la muerte.
Las autoridades, por su parte, suelen responder con discursos, promesas de reformas y anuncios de investigaciones que rara vez llegan a conclusiones claras. La percepción general es que existe una desconexión entre los organismos reguladores y la realidad que viven los pacientes en hospitales y clínicas. Sin voluntad política real, cualquier intento de cambio queda en el papel.
Este panorama obliga a una reflexión urgente. La salud no puede seguir siendo tratada como un negocio sin escrúpulos. Los hospitales no deben ser centros de lucro para mafias internas, sino espacios de cuidado, ética y servicio. Se necesitan controles estrictos, transparencia en los procesos, canales de denuncia seguros y una cultura institucional que priorice al paciente por encima del dinero.
Mientras tanto, miles de dominicanos seguirán enfrentándose al mismo dilema cada vez que enferman: luchar no solo contra su dolencia, sino contra un sistema que, en lugar de protegerlos, parece aprovecharse de su vulnerabilidad. En un país donde la salud se ha convertido en oportunidad de negocio, la verdadera enfermedad es la corrupción que corroe desde dentro y amenaza con normalizar lo inaceptable.
